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El textil de Bangladesh está aún lejos de los estándares de seguridad

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EFE
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24 abr. 2017

Cuatro años después de la tragedia del Rana Plaza, un edificio con fábricas del sector textil cuyo derrumbe causó la muerte de más de 1.100 personas, el sector textil de Bangladesh está aún muy lejos de cumplir con los estándares de seguridad y protección laboral.

Las nueve plantas del edificio Rana Plaza se derrumbaron el 24 de abril de 2013 provocando 1.130 muertos y más de 2.500 heridos, que trabajaban en las cinco fábricas de ropa que tenían allí su sede y abastecían a una treintena de firmas internacionales.

Los trabajadores textiles de Bangladesh protestaron en el aniversario del derrumbe del Rana Plaza - AFP


El derrumbe llevó apenas unos segundos pero las autoridades tardaron tres semanas en sacar de entre los escombros los cadáveres y limpiar los restos del desastre.

El Gobierno de Bangladesh, las compañías internacionales, agencias y propietarios de fábricas en el país respondieron a la tragedia consensuando varias medidas.

Se subieron los salarios, se reformó la legislación laboral y la inspección de las fábricas fue establecida como obligatoria para garantizar las medidas de seguridad.

Cerca de 3.700 fábricas fueron sujetas a inspecciones por parte de mecanismos de inspección constituidos con participación de sector privado nacional, sindicatos y multinacionales, para adquirir niveles mínimos de calidad.

De acuerdo con el Acuerdo sobre Seguridad de Edificio e Incendio (Accord), uno de estos mecanismos, solo 61 de 1.531 fábricas que debían revisar se han actualizado tras las inspecciones preliminares.

El director ejecutivo de Accord, Rob Wayss, indicó a Efe que, aunque la seguridad en la industria textil "ha mejorada de manera significativa" en los últimos cuatro años, "aún hay mucho trabajo que hacer para que las fábricas sean seguras".

"El reforzamiento tiene que completarse en todas las fábricas en todas las tres áreas (fuego, electricidad y seguridad)", indicó.

La Alianza para la Seguridad en el Trabajo de Bangladesh (Alliance), otro mecanismo que reúne a varias marcas estadounidenses, indicó que solo 74 de los 766 empresas inspeccionadas han realizado las correcciones exigidas y que hasta ahora ha suspendido las relaciones comerciales con 146 fábricas por falta de avances en el proceso de adaptación a las normas.

"Muchas de nuestras fábricas han logrado un cumplimiento sustancial de los Planes de Acción Correctivos, aquellos que no han querido o no han podido dar prioridad a la seguridad se les ha hecho rendir cuentas", indicó en un comunicado Guillermo Meneses, un portavoz de la Alianza.

Los sindicatos también han contribuido a sensibilizar a los trabajadores, pero admiten que hace falta más.

El vicepresidente de la Federación Sindical de Trabajadores del Textil de Bangladesh, Rashedul Alam Raju, indicó que los trabajadores "son ahora más conscientes", pero todavía "tienen muchas otras penalidades que deben ser atendidas".

La directora ejecutiva del Centro para la Solidaridad del Trabajador (BCWS), Kalpana Akter, cree que la libertad de asociación está aún a años luz de alcanzarse en un sector en el que los trabajadores apenas pueden reclamar sus derechos.

En ese sentido, la directora de esta ong dedicada al apoyo a los trabajadores recordó una protesta realizada en diciembre que supuso el encarcelamiento de 39 líderes sindicales, muchos de ellos liberados solo cuando las propias multinacionales boicotearon una importante muestra nacional del sector.

Sin embargo, la Asociación de Fabricantes y Exportadores de tejidos de Bangladesh tiene una visión menos pesimista y su presidente, Siddiqur Rahman, asegura que tanto la seguridad como el tema salarial han sido tratados de forma adecuada tras la tragedia de 2013.

"Rana Plaza fue una llamada de alerta para nosotros", dijo a Efe Rahman, al asegurar que, de las 3.700 empresas inspeccionadas, 39 fueron cerradas, otras siguieron el mismo destino de manera voluntaria y "el 80% de los trabajos de reforzamiento se han cumplido".

"No hay un problema de salario porque estamos dando un incremento anual de entre el 5% y el 7%, similar a la inflación", agregó, en alusión a unos niveles salariales que fijan su mínimo en los 97 dólares mensuales y fueron la razón de las protestas de diciembre.

La semana pasada la ong Human Right Watch (HRW) pidió a las empresas del sector que se unan a 17 marcas líderes del sector en la demanda de transparencia en el sector.

"La apertura sobre la cadena de suministro de una compañía es mejor para trabajadores, para los derechos humanos y muestra que las compañías se preocupan por evitar el abuso en sus cadenas de suministro", indicó en un comunicado Aruna Kashyap, de HRW. 
 

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