Sáez Merino ha acumulado una deuda de 99 millones de euros en últimos 5 años

Valencia, 14 oct (EFE).- El grupo textil Sáez Merino, que ha solicitado la liquidación de la empresa, ha acumulado una deuda de 99 millones de euros en los últimos cinco años (de 2004 a 2008), según han comunicado representantes de la firma a los sindicatos.

Solo en lo que va de año, esa deuda ha ascendido a 14 millones de euros, según han indicado los sindicatos UGT y CCOO tras reunirse con el director de producción y el economista de la empresa.

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"Hay muchas cosas que despiertan dudas y llevan a pensar que no se ha jugado limpio y que nos han estado engañando", ha manifestado el portavoz de FIA-UGT-PV, Alfredo Sanmartín, quien ha explicado que las marcas del grupo (comercializador de Lois, Cimarron, Caroche y Caster) son, al parecer, propiedad de una empresa de la familia Sáez Merino con sede "en la isla de Madeira, un paraíso fiscal" desde 2005, un año antes del proceso de concurso de acreedores.

Durante la reunión celebrada hoy, los representantes de la empresa han puesto de manifiesto que la falta de liquidez imposibilita la continuidad de la firma y que las medidas de ajuste laboral puestas en marcha con el último expediente de regulación de empleo no fueron suficientes.

Los representantes sindicales por su parte han expresado sus críticas a la gestión y administración de la empresa, pero los portavoces empresariales han reiterado que el grupo no tiene capacidad de actuación y que están a la espera de que la administración concursal se haga cargo del proceso, una vez el juez de lo Mercantil número 2 de Valencia declare el auto de liquidación de Sáez Merino.

Según el portavoz de Fiteqa-CCOO-PV, Miguel Ángel Castelló, las entidades financieras han paralizado las cuentas de la empresa y no le permiten hacer movimientos de dinero.

Los sindicatos han exigido información sobre las propiedades inmobiliarias, los locales y la maquinaria del grupo, que cuenta con dos centros productivos en Benaguasil (Valencia) y Daimiel (Ciudad Real) con alrededor de 350 trabajadores, y han criticado que a la reunión no haya asistido el director general, Vicente Sáez Merino.

Para Sanmartín, "se plantean muchos interrogantes, ya que no se entiende que en abril presente un ERE y un plan de viabilidad que se firma en junio y desde entonces se llegue a esta situación en octubre".

También han recordado a la empresa que en el último ERE, de abril de este año, había una cláusula que recogía, en caso de otro expediente que terminase en liquidación, las mismas condiciones de indemnización, de 33 días por año trabajado.

"Falta ver si eso se respeta y si hay suficiente activo para llevarlo a cabo", ha señalado Sanmartín.

Los sindicatos han pedido a los representantes empresariales que insten a los administradores concursales del convenio acordado en 2007 y que el grupo todavía no ha cumplido a celebrar una reunión "lo antes posible" para que se concreten todas estas cuestiones.

Pese a que la empresa ha recibido pedidos, la última campaña de ventas ha sido un 20 por ciento inferior a la anterior, y la empresa argumenta que la actividad no es rentable y tiene pérdidas continuamente, según las fuentes.

Los trabajadores tienen una "preocupación máxima" porque no tienen garantizado "ni la indemnización que percibirán, ni cómo se va a cobrar, ni cuándo", ha añadido Sanmartín. EFE