El coronavirus destruye 947.896 empleos y lleva a 3,4 millones de trabajadores a ERTE

La Seguridad Social ha perdido 947.896 afiliados, la mayoría con empleos temporales, desde que comenzó la crisis del COVID-19 mientras que 3,38 millones de trabajadores están afectados por una situación de suspensión total o parcial por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

También se han sumado 585.156 nuevos parados (302.265 en marzo y 282.891 en abril), lo que lleva el total de desempleados a 3,83 millones, un nivel que no se veía desde mayo de 2016, y donde no entran esos trabajadores en ERTE, una herramienta que ha amortiguado una mayor destrucción de empleo.

Según los datos facilitados este martes por los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, abril, un mes habitualmente bueno para el empleo, ha vuelto a reflejar el impacto de la pandemia aunque, han señalado, con un comportamiento que refleja "cierta estabilización".

Los datos de afiliación, como ocurrió el mes pasado, se han ofrecido tanto en evolución diaria, es decir la diferencia entre el primer y el último día de mes en el total de cotizantes a la Seguridad Social -que refleja mejor el impacto de la crisis-, como en media, cifra que se usaba como referencia habitual.

Así, con esas cifras diarias, el Gobierno señala que del 12 al 31 de marzo se perdieron 898.822 puestos de trabajo, mientras que en abril sólo se han destruido 49.074 a cierre de mes dejando el total de cotizantes en 18.396.362.

En media, el descenso de afiliación de abril es de 548.093 ocupados con respecto a marzo, cuando ese descenso medio fue de 243.469 afiliados. No se producía una pérdida de afiliación en abril respecto a marzo desde 2009.

En comparativa anual, el empleo cae a una tasa del 4 % con 771.695 afiliados menos que en abril del año pasado.

Por sectores, y en media de afiliación, sólo aumentó el empleo en las actividades sanitarias y de servicios sociales, con 23.228 afiliados más, mientras que las mayores caídas se contabilizaron en la construcción (89.864 afiliados menos), la hostelería (76.902) y las actividades artísticas y de entretenimiento (20.702).

Por regímenes, sólo se incrementó el empleo en el sistema especial agrario con 10.561 afiliados más.
En cuanto al tipo de contrato destaca el descenso de la afiliación en los contratos temporales, un 1,63 %, mientras que la ocupación ligada a contratos indefinidos crece un 0,23 %. En todo el empleo destruido en el periodo, alrededor del 75 %, dos de cada tres empleos son temporales y muchos de ellos tienen jóvenes detrás.

En cuanto al impacto de los ERTE, 3,38 millones de trabajadores estaban en una situación de suspensión total o parcial al cierre de abril, el 24,25 % de los afiliados en el régimen general, de los que 3 millones se encontraban en uno por fuerza mayor.

En el paro, y términos absolutos, la crisis sanitaria de la COVID-19 incide, sobre todo, en el sector servicios, donde el desempleo se incrementa en 219.128 personas y entre los jóvenes.

En total, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) abonó en abril prestaciones por desempleo a 5,19 millones de personas, donde se incluyen trabajadores en ERTE, cifra que representa un incremento interanual del 136 % y marca un récord histórico con un gasto 4.512 millones de euros, triplicando los 1.468 millones de abril de 2019.

El Ministerio de Trabajo ha señalado que se han reconocido y abonado el grueso de las prestaciones y que esperan poder las "pocas" que quedan pendientes esta misma semana para que se cobren durante mayo.

Tanto el Gobierno como la CEOE y los sindicatos CCOO y UGT han valorado que la puesta en marcha de ERTE que ha logrado paliar en gran medida la destrucción de empleo que podría haber supuesto esta crisis y todos han abogado por lograr cerrar un acuerdo que permita prorrogar esta herramienta durante la vuelta a la actividad.

La patronal de las pymes, Cepyme, ha reclamado la flexibilización de los ERTE por fuerza mayor, ya que la asunción de sus costes una vez que finalice el estado de alarma "pondría en riesgo la continuidad de muchas compañías", sobre todo pymes, y empleos.

Y desde Trabajo han avanzado que estudiarán "todas las opciones" para evitar que esta herramienta decaiga si no se prorroga el estado de alarma.

Los sindicatos han reclamado al Gobierno medidas más ambiciosas y redistributivas como una renta mínima "coyuntural y extraordinaria" que proteja a las familias sin ingresos hasta que se apruebe la ley de ingreso mínimo vital.