El Corte Inglés tantea trasladar su sede y traza su plan estratégico para los próximos cinco años

Por:

Eva Gracia Morales

Publicado el
21 jun. 2021

El Corte Inglés estudia trasladar su sede y concentrar sus oficinas de Madrid en un único espacio. Todo, con un doble objetivo: mejorar su eficiencia operativa y obtener nuevos ingresos a partir de la venta de algunos de sus activos más valiosos.

Así, el plan que valora el grupo de grandes almacenes contempla el traslado de su cuartel general de la calle Hermosilla de Madrid a Tomás Bretón, según publica este lunes el diario económico Expansión.

Las instalaciones de la calle Tomás Bretón funcionan en la actualidad como taller de costura y diseño y como oficinas de algunos departamentos de moda de la compañía. Con una amplia superficie (de más de 120 000 metros cuadrados), están ubicadas en una zona en auge en Madrid en el segmento de las oficinas (de hecho, grandes compañías como Amazon o Repsol) tienen sus sedes en este entorno.

Con ese traslado, El Corte Inglés buscaría sacar el máximo partido a sus activos y, según el citado diario, estaría sobre la mesa la venta de sus edificios en la calle Hermosilla 112 y 127. Al ser inmuebles ubicados en el corazón del barrio de Salamanca de la capital, se posicionan como activos muy atractivos para su reconversión en viviendas de lujo, por lo que su valor rondaría los 200 millones de euros.

Esos dos inmuebles, junto a la llamada Torre Azca, conforman el grueso de la cartera de oficinas de El Corte Inglés, valorada en 926 millones de euros, según los últimos datos aportados por la empresa. El valor total de la cartera inmobiliaria de la compañía asciende a 16 100 millones de euros.

Fecha fijada para la junta general de accionistas

Las novedades se suceden en el seno de El Corte Ingles, que el pasado 18 de junio fijó la fecha de su próxima junta general de accionistas: tendrá lugar el viernes 23 de julio a las 12 y, por tanto, será la primera que la compañía no celebre en domingo.

En esta cita, se aprobarán los últimos datos financieros presentados por el grupo (en el ejercicio de 2020 acumuló unas pérdidas de 2945 millones de euros a causa de la pandemia) y se dará a conocer el nuevo plan estratégico de El Corte Inglés para el periodo 2021-2026, tal y como avanza el medio Cinco Días.

Este plan se vertebrará sobre una serie de líneas de acción que incluyen la disminución de la deuda, la fuerte apuesta por el entorno digital o la entrada en nuevos negocios. En términos generales, el grupo tratará de volver a los ingresos y rentabilidad previos al estallido de la pandemia, así como reducir la deuda. En ese sentido, la compañía seguirá con el plan ya iniciado de dar nuevos usos a algunos de sus centros, convirtiéndolos en outlets o alquilándolos como oficinas a terceras empresas.

En paralelo, seguirá con su plan de desinversiones, en el que se enmarca la reciente puesta a la venta de una selección de activos logísticos que suman más de 500 000 metros cuadrados de superficie.

Asimismo, El Corte Inglés continuará potenciando sus ventas online (en 2020, este canal supuso el 17,2 % de su facturación, más de 1800 millones de euros) y apostando por nuevas líneas de negocio, como las alarmas domésticas, las telecomunicaciones o la comercialización de energía.

Este plan, una continuación de la estrategia seguida por el holding en los últimos meses, será el primero elaborado en su totalidad bajo la supervisión de Víctor del Pozo como consejero delegado. Además, la próxima junta general de accionistas será la primera tras la paz familiar alcanzada entre Marta y Cristina Álvarez (la primera, actual presidenta) y Dimas Gimeno (expresidente de la compañía).

Fue el pasado mes de enero cuando Gimeno retiró las demandas contra sus primas y vendió sus acciones de El Corte Inglés a título personal. Un mes después se dio otro paso en la desvinculación del expresidente con la empresa y el grupo se abrió a comprar la participación de Dimas Gimeno y su madre en IASA, que equivalía a un 5 % del conglomerado.

Esta operación se formalizó entre los meses de abril y mayo y alcanzó los 145 millones de euros. El acuerdo, según publica este lunes el diario El Confidencial, incluía un “pacto de silencio”, es decir, una cláusula de “no difamación” para no dañar la reputación de la compañía o perjudicar su valor. Según este mismo medio, esa cláusula incluía penalizaciones económicas de hasta 30 millones de euros.