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Europa busca frenar la entrada de productos fabricados con trabajo forzado
La Comisión Europea dio a conocer el 13 de septiembre sus medidas para prohibir la importación y venta de productos fabricados con trabajo forzoso. A diferencia de las medidas tomadas por Estados Unidos, las propuestas no se dirigen específicamente a la región de Xinjiang y los productos relacionados con los uigures. Otra diferencia es que, en Europa, serán las autoridades quienes tendrán que demostrar los vínculos de un producto con el trabajo forzoso, mientras que Washington pone la carga de la prueba en las marcas.
El anuncio se esperaba con impaciencia, días después de que la ONU publicara finalmente los resultados de sus investigaciones y consultas sobre Xinjiang, citando posibles "crímenes contra la humanidad" y "pruebas creíbles" de tortura y violencia sexual hacia la minoría musulmana uigur. La ONU también acaba de publicar su informe sobre el trabajo forzoso, estimando en 50 millones el número de víctimas de la esclavitud moderna en 2021.
"En el contexto geopolítico actual, necesitamos cadenas de suministro seguras y sostenibles", dijo el comisario europeo de Comercio, Thierry Breton.
“No podemos mantener un modelo de consumo de bienes producidos de forma insostenible. Nuestra posición de líder industrial y tecnológico supone una mayor firmeza en la defensa de nuestros valores y en la definición de nuestras reglas y normas. Nuestro mercado es un gran activo para evitar la circulación en la UE de productos resultantes del trabajo forzoso y constituye una fuerte influencia para promover una mayor sostenibilidad en el mundo”.
Aun así, las medidas propuestas han sido recibidas de diferentes maneras por funcionarios electos y ONG, quienes en general saludan una esperada y bienvenida posición sobre el tema, pero señalan los obstáculos y omisiones que corren el riesgo de aminorar el impacto de la decisión. Si bien algunos lamentan que Xinjiang no sea un objetivo específico, como es el caso de la legislación estadounidense, este punto debe leerse particularmente a la luz de un problema a menudo olvidado: los uigures han sido enviados a fábricas (especialmente textiles) en otras provincias chinas desde hace mucho tiempo. Un punto que se subrayó en el informe inicial de la ASPI, que inició el debate en marzo de 2020.
Investigación, incautación y destrucción
El otro aspecto de las propuestas de la comisión resultará más problemático para las ONG. Si bien esperaban que las marcas y los importadores fueran obligados a demostrar la ausencia de trabajo forzoso en torno a un producto, los comisionados optaron por invertir la carga de la prueba. Corresponde a los Estados evaluar "los riesgos del trabajo forzoso", y recurrir a las autoridades locales competentes si es necesario para llevar a cabo una investigación preliminar. Podrán apoyarse para ello en una base de datos europea prevista al efecto, enumerando los riesgos en función de producto, empresa o área.
Si se identifica evidencia durante esta fase, se puede iniciar una investigación más detallada, y esta vez se puede basar en encuestas y datos proporcionados por ONG, así como en todas las fuentes "verificables e independientes". Los productos cuya ausencia de vínculo con el trabajo forzoso no se haya demostrado en esta etapa serán retenidos por las autoridades para ser destruidos o reciclados.
A través de este enfoque, la Comisión espera animar a las empresas afectadas a cooperar con las investigaciones. “Si las autoridades nacionales no pueden reunir todas las pruebas que necesitan, por ejemplo, debido a la falta de cooperación de una empresa o una autoridad de un estado no perteneciente a la UE, pueden tomar su decisión sobre la base de los datos disponibles”, advierte así la instancia.
El texto de la Comisión debe ahora ser examinado y aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Por lo tanto, se necesitarán 24 meses para la entrada en vigor del texto. Dentro de los 18 meses siguientes a la entrada en vigor del reglamento, la Comisión publicará sus directrices sobre el tema. Incluyendo “orientación sobre el deber de vigilancia en materia de trabajo forzoso e información sobre los indicadores de riesgo del trabajo forzoso”, indica Bruselas.
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