Los ministros de Competencia de la Unión Europea han respaldado este lunes nuevas reglas en materia de transparencia para hacer que los bienes de consumo sean más duraderos, confiables, reutilizables y reparables y prohibir la destrucción de aquellos que no se vendan.

Esta es la posición que ha adoptado el Consejo sobre la propuesta de reglamento por el que se establece un marco para establecer requisitos de diseño ecológico para productos sostenibles, que sustituye a la directiva existente de 2009 y que ampliará el alcance para establecer requisitos de sostenibilidad ambiental para casi todos los tipos de bienes colocados en el mercado de la UE.

El enfoque general introduce una prohibición directa de la destrucción de textiles, calzado y prendas de vestir, con una exención de 4 años para las medianas empresas y una exención general para las pequeñas y microempresas, aunque excluye los vehículos de motor de los grupos de bienes cubiertos por esta directiva, ya que leyes específicas abordan el impacto ambiental de los automóviles.

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El reglamento también tiene como objetivo facilitar el movimiento de tales productos en el Mercado Único a través de un nuevo Pasaporte de Producto Digital que proporcionará información sobre la sostenibilidad ambiental de los productos, ayudará a los consumidores y las empresas a tomar decisiones informadas al comprar productos y a las autoridades públicas a realizar controles y verificaciones de una mejor manera.

Finalmente, la posición del Consejo establece un período de transición mínimo de 18 meses después de la entrada en vigor del acto delegado que establece los requisitos de diseño ecológico antes de que comience a aplicarse, dando así tiempo a los operadores económicos para adaptarse a los nuevos requisitos.

Además, los estados miembros también tendrán dos años para adaptarse y adoptar las medidas nacionales necesarias, incluidas las relacionadas con la vigilancia del mercado y las multas.

El enfoque general acordado este lunes formaliza la posición negociadora del Consejo y otorga a la presidencia un mandato para las negociaciones con el Parlamento Europeo, que comenzarán tan pronto como este adopte su posición.