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Tapie reclamará al estado francés 1.000 millones de euros por el caso Adidas

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EFE
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9 jul. 2015

París - El empresario francés Bernard Tapie reclamará 1.000 millones de euros al Estado francés por expropiarle en 1993 el grupo de ropa equipaciones deportivas Adidas, según publicó hoy el diario "Le Monde".

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Tapie solicitará esa cantidad el próximo 29 de septiembre ante el Tribunal de Apelación de París, que el pasado febrero anuló la indemnización de 403 millones de euros que un tribunal privado de arbitraje le concedió en 2008 por la venta de algunas de sus empresas expropiadas y ordenó que se abriera un nuevo proceso.

Tapie, de 72 años, presentará su reclamación a través de su nuevo abogado, Emmanuel Gaillard, letrado que hace un año consiguió que un tribunal de arbitraje de La Haya condenara a Rusia a pagar la suma récord de 50.000 millones de euros a los accionistas del grupo petroquímico Yukos, desmantelado entre 2004 y 2007 por motivos considerados políticos, recuerda "Le Monde".

Tras más de dos décadas de litigios, el empresario considera insuficientes los 318 millones que recibió del entonces banco público Crédit Lyonnais y del Consistorio de Realización, un organismo encargado de gestionar la herencia del banco a partir de 1995.

Tapie entiende que el Estado francés recuperó sus empresas por una cantidad muy inferior a la que realmente valían, lo que marcó el inicio de un caso largo y complejo que dos décadas después terminó en un tribunal privado de arbitraje bajo la presidencia francesa del conservador Nicolas Sarkozy.

La justicia sospecha que aquel arbitraje fue un "simulacro" fraudulento en favor del controvertido empresario, imputado en este caso por estafa en banda organizada junto con el abogado Maurice Lantourne y uno de los jueces, Pierre Estoup.

En el mismo caso está procesada la actual directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, que ejercía entonces como ministra de Economía con Sarkozy, y quien fuera su director de gabinete y actual presidente de Orange, Stéphane Richard.

Tras años de pleitos, Lagarde dispuso cerrar el contencioso con un arbitraje privado, algo poco corriente cuando están involucrados poderes públicos, puesto que este tipo de casos se sustancian en la justicia ordinaria.

Eso provocó la apertura de otra investigación judicial en la que se descubrió que uno de los jueces árbitros designados por Lagarde había hecho negocios con Tapie. 

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